El Gobierno nacional anunció la eliminación progresiva de los aranceles a la importación de celulares, lo que encendió todas las alarmas entre las empresas del sector tecnológico radicadas en Tierra del Fuego. La decisión, que implica una desgravación total hacia enero de 2026, representa un paso más en el camino del desmantelamiento de la industria nacional. Empresarios del sector calificaron la medida como “electoralista” y advirtieron sobre su impacto inmediato en la producción, el empleo y la sustentabilidad de las inversiones en el sur del país.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial y actual candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, quien confirmó la rebaja del arancel del 16% al 8% y su eliminación definitiva en poco más de un año y medio. Además, se reducirán los impuestos internos a la importación de celulares, televisores y aires acondicionados, lo que terminará por acorralar a los productores nacionales frente a una competencia desleal.

Empresarios: “Con estas condiciones es imposible competir”
Luis Galli, CEO del Grupo Newsan, advirtió que la medida pone en serio riesgo la continuidad de la producción de celulares en el país. “Es muy difícil seguir fabricando en Argentina frente a estas condiciones”, afirmó, y señaló que el contrabando ya venía erosionando al sector. Newsan emplea a 11.000 personas en total, de las cuales 1.000 están abocadas a la fabricación de smartphones. Galli remarcó además que detrás de cada empleo directo hay una cadena de proveedores y servicios que también sufrirá las consecuencias.

Desde el sector, además, aseguraron que no hubo ninguna instancia de diálogo previa al anuncio. “Ni una reunión, ni un aviso”, señalaron empresarios a PERFIL. La lectura que hacen es clara: la medida apunta a conquistar votantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de ingresos medios y altos, "amantes del iPhone", según describieron. Una jugada de corte elitista que sacrifica el empleo y la producción nacional para favorecer a un electorado muy específico.

Menos industria, más desigualdad
El argumento oficial apunta a una baja de precios que beneficiaría al consumidor, aunque especialistas advierten que el margen de ganancia de los importadores mantendrá elevados los valores en góndola. En paralelo, se achicará la recaudación impositiva y crecerá la dependencia de productos importados. El supuesto ahorro fiscal por eliminar el régimen industrial fueguino, estimado en 0,22% del PBI, se contrapone con la pérdida de miles de empleos y el vaciamiento de una política industrial que llevaba décadas en construcción.

El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, tantas veces denostado por Javier Milei como una “estafa”, sigue vigente hasta 2038. A pesar del silencio oficial desde que comenzó su gestión, la avanzada contra este polo productivo ya se ha iniciado, con consecuencias directas en uno de los pocos sectores que mantenía un volumen relevante de empleo industrial en el país.

¿Modernización o demolición?
En nombre de la “eficiencia” y del “libre mercado”, el Gobierno profundiza un modelo que desprecia la producción nacional y prioriza la importación indiscriminada, en un contexto de destrucción del salario, caída del consumo y cierre de pymes. La apertura total, sin ningún tipo de política de transición ni compensación, solo acelerará la dependencia tecnológica y la precarización del empleo.

El golpe a Tierra del Fuego no es un hecho aislado: es parte de una lógica más amplia que favorece a sectores concentrados y extranjeros, en detrimento de la industria nacional y de los trabajadores argentinos. Lejos de fomentar la “libertad” prometida, estas decisiones consolidan una economía extractiva, desindustrializada y profundamente desigual.